Despedir a un inmigrante sin motivo impide contratar a otro en tres años
Los empleadores que contraten a extranjeros y los despidan sin aportar "razones objetivas" no podrán volver a firmar acuerdos laborales similares en un plazo de tres años. Esta es la principal novedad del borrador de la Ley de Extranjería que presentó la secretaria de Estado de Inmigación y Emigración, Anna Terrón, el miércoles por la noche en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados.
El objetivo será "evitar posibles contrataciones de conveniencia", indicó la responsable del departamento. Terrón precisó que el nuevo articulado perseguirá a "empleadores, no a empresas".
Poco a poco, el borrador de la Ley de Extranjería va sacando a la luz nuevas modificaciones del texto actual, que "estaba pensado para otro momento económico", según Terrón.
Otra de las novedades que presenta la ley es el registro biométrico de los menores de edad no acompañados. Este sistema buscará evitar que la misma persona "esté registrada cinco veces en cinco comunidades autónomas diferentes", dijo Terrón. Este apartado intentará poner orden en una de las principales reivindicaciones del PNV. Su diputado Emilio Olabarria asegura que Euskadi tutela a cerca de 800 menores no acompañados, frente a La Rioja, que no tiene ninguno. Sobre el reparto de las tutelas, no obstante, la secretaría de Estado no baraja iniciativas ya que desconoce cuántos de estos menores tienen a su cargo las comunidades.
Compromiso de integración
El socio parlamentario del PSOE, CiU, que posibilitó el año pasado que el Parlamento modificase la Ley de Extranjería, trata de negociar con el Gobierno el articulado de uno de los puntos más polémicos, el del informe que realizarán las comunidades autónomas sobre el grado de integración del inmigrante que quiera renovar su permiso de residencia temporal.
El portavoz de Inmigración de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, advirtió a Terrón de que "CiU no avalará el nuevo reglamento de Extranjería" si no recoge "el esfuerzo de integración y blinda las competencias autonómicas" que Campuzano pactó en la tramitación parlamentaria de la ley. CiU denuncia que el borrador del reglamento no da el protagonismo acordado a las autonomías en la renovación de los permisos de residencia temporal.
Campuzano reclama "valorar especialmente el esfuerzo de integración del extranjero que aconseje su renovación, acreditado mediante un informe positivo de la Comunidad Autónoma que certifique la asistencia a las acciones formativas contempladas en el artículo 2 de la ley".
Tras la reclamación de CiU se encuentra el debate sobre si estos informes deben ser vinculantes o no. Es decir, sobre si, además de voz, las autonomías deben tener voto para decidir sobre la renovación de los permisos. Y se abren dos polémicas. Por un lado, dar protagonismo a las comunidades puede generar diferencias territoriales. Y, por el otro, la izquierda considera un exceso los compromisos que se trata de imponer a los inmigrantes desde diversos partidos políticos (clases de historia, idioma obligatorio, compromiso de cumplimiento de las leyes...) para renovar un permiso de residencia.
